lunes, 16 de enero de 2017

EL INFORME DE LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA TAMBIÉN DESTACÓ EL ATENTADO AL PERIODISTA EMANUEL SOVERCHIA

Desde el 13 al 17 de octubre de 2016, se llevó a cabo en Ciudad de México, México la 72ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, con motivo de respaldar a periodistas contra hechos de violencia. El presidente Enrique Peña Nieto fue en el encargado de inaugurar el evento. El informe de la SIP sobre nuestro país menciona el ataque sufrido por el periodista cañadense.

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA 
ARGENTINA
Informe Asamblea
México D.F., octubre 2016


El 2016 es un año en que se constata un giro radical en la relación del poder político con los medios de comunicación. El período que se abre también marca el cierre de la etapa más oscura para la libertad de expresión desde el regreso de la democracia. Un Gobierno que, hasta ahora, respeta la Constitución y las leyes en su relación con la prensa, ha sustituido a una era de hostigamiento y de sistemático desconocimiento del derecho ciudadano a la información.

El gobierno kirchnerista dejó múltiples distorsiones en el sector periodístico. Entre 2003 y 2015, la publicidad oficial tuvo un crecimiento exponencial y se transformó, para muchos medios, en un combustible indispensable para su viabilidad económica. La racionalización progresiva de los montos y la reasignación de los fondos con base en criterios objetivos que privilegian la eficiencia en la comunicación, implicó un golpe económico para muchos medios. Algunos de ellos eran controlados por empresarios que aprovecharon el flujo de dinero oficial a cambio de la subordinación de su línea editorial a los intereses gubernamentales. Como‎ fruto de esta combinación, varios de ellos no sólo se desentendieron de la viabilidad de sus empresas sino que se apresuraron a despedir periodistas, venderse o cerrar.

Enrique Peña Nieto - Presidente de México
La Secretaría de Medios de la Nación emitió una resolución que auto limita las facultades estatales en materia de adjudicación de publicidad oficial. La disposición fija restricciones al uso proselitista de los fondos y establece un mecanismo que apunta a una distribución transparente y apoyada en pautas que contemplan niveles y tipos de audiencia, la pertinencia del mensaje, el marco geográfico y el fomento al federalismo y la pluralidad de voces, en línea con los estándares interamericanos.

La resolución no contempla un sistema autónomo e independiente de control y exige a los medios, aunque no como condición inexorable, que estos consignen si suscriben códigos de ética, una indebida injerencia en los contenidos. No obstante, el paso dado es relevante, que requeriría complementarse con la sanción de una ley.

A todo esto deben sumarse gestos y acciones que restauran el dañado vínculo institucional entre el periodismo y las autoridades. Se recuperaron las conferencias de prensa del Presidente y sus ministros como práctica periódica. Se recuperó la fluidez y la transparencia en la información pública y se eliminaron las intervenciones arbitrarias en la elaboración de los principales índices que permiten mensurar los resultados de la gestión. Se oxigenó el debate político, se recuperó el respeto a la crítica y se ampliaron los espacios para expresarla. En ese sentido resalta la despartidización de los medios públicos que impulsa el actual gobierno, prescindiendo de todo intento de manipular sus líneas editoriales, y el gesto, a partir de una iniciativa de la SIP y de Adepa, de la firma de la Declaración de Chapultepec por parte del presidente Mauricio Macri.

La demorada sanción de una ley de acceso a la información pública es una de las novedades más destacadas del año en lo que hace a la libertad de expresión. Después de una década y media de dilaciones, que convirtieron al país en uno de los tres de Suramérica que no tenía una norma de este tipo, el Congreso aprobó una ley con múltiples virtudes. Establece un mecanismo claro y ejecutivo para realizar pedidos de información, fija plazos y excepciones razonables, exige una presentación clara de los datos públicos, obliga al mantenimiento de una política activa de la información y crea un mecanismo de control de transparencia a través de un órgano autónomo.

En los últimos seis meses se registraron actos de intimidación contra periodistas. Entre los hechos más graves, deben señalarse los disparos de arma de fuego efectuados contra el domicilio del periodista Emanuel Soverchia, del semanario El Informe de la ciudad, de Cañada de Gómez (provincia de Santa Fe), y las amenazas anónimas contra Luis Majul, mientras entrevistaba a un testigo protegido de una de los principales casos de corrupción.

En medio de una etapa en la que proliferan causas judiciales e investigaciones vinculadas a delitos cometidos por funcionarios de la gestión anterior como también casos de narcotráfico, fue particularmente oportuno el reciente lanzamiento de un protocolo de actuación para proteger la actividad periodística, diseñado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cabe agregar que a 20 meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, caso que hemos resaltado en informes anteriores en la SIP, la prensa argentina sigue acompañando fuertemente los pedidos para su esclarecimiento.

Fuente: www.sipiapa.org

Artículo publicado en el Periódico Libre "La Imprenta" de Cañada de Gómez - Diciembre de 2016

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